Diagnóstico de mejora regulatoria: claves para municipios modernos
Introducción
En el México contemporáneo, la mejora regulatoria se ha consolidado como una política pública de Estado, indispensable para impulsar gobiernos municipales eficientes y transparentes. A partir de reformas constitucionales recientes, la mejora regulatoria dejó de ser una mera buena intención para convertirse en una obligación de todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno. En esencia, esta política busca que la emisión y aplicación de normas, trámites y servicios públicos se realicen con criterios de eficacia, simplificación y beneficio social, eliminando cargas burocráticas innecesarias.
Para los municipios que aspiran a la modernidad administrativa, realizar un diagnóstico de mejora regulatoria efectivo es el primer paso para identificar áreas de oportunidad y diseñar estrategias de simplificación y calidad regulatoria.
Este artículo, de corte académico, analiza las bases constitucionales y legales de la mejora regulatoria en México –principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Mejora Regulatoria– y explora prácticas clave que los ayuntamientos modernos pueden adoptar para implementar un diagnóstico integral en la materia. Se explican conceptos fundamentales (como la agenda regulatoria, las manifestaciones o análisis de impacto regulatorio y los registros municipales de trámites), al tiempo que se proponen recomendaciones específicas para los gobiernos locales. La premisa central es que un municipio que evalúa y mejora continuamente su marco regulatorio no solo cumple con mandatos legales, sino que promueve el desarrollo económico local, la participación ciudadana y la confianza en sus instituciones.
Marco normativo de la Mejora Regulatoria en México
La reforma constitucional publicada el 5 de febrero de 2017 elevó la mejora regulatoria al rango de política de Estado, obligatoria para todas las autoridades federales, estatales y municipales. En particular, se adicionó un párrafo al Artículo 25 de la Constitución, estableciendo que el Estado deberá implementar políticas públicas orientadas a la mejora regulatoria en todos los órdenes de gobierno. Asimismo, el Congreso de la Unión recibió facultades para expedir una ley general en la materia (Artículo 73, fracción XXIX-Y), con el fin de homologar principios y bases que rijan la mejora regulatoria en todo el país.
En cumplimiento de este mandato, se promulgó la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) el 18 de mayo de 2018. Esta ley de orden público sienta los principios, bases e instrumentos que deben observar la Federación, los estados y los municipios en materia de mejora regulatoria. Su Artículo 2 señala entre los objetivos primordiales: “establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno… de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios”.
La LGMR también crea el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, un esquema de coordinación intergubernamental. Este sistema está encabezado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) –antes COFEMER– e involucra a las autoridades de mejora regulatoria de cada entidad federativa y municipio. Cada municipio, como sujeto obligado, debe contar con una instancia o responsable de conducir la política de mejora regulatoria en su ámbito (por ejemplo, una comisión municipal de mejora regulatoria, o un enlace designado).
En suma, el marco jurídico nacional deja claro que los municipios no pueden quedarse al margen: tienen el deber jurídico de implementar acciones de mejora regulatoria de manera permanente y sistemática.
Instrumentos clave de la mejora regulatoria municipal
Agenda regulatoria
La Ley General define la agenda regulatoria como “la propuesta de las regulaciones que los sujetos obligados pretenden expedir”. En términos prácticos, una agenda regulatoria es el listado de las normas o reglamentos que un municipio planea crear, modificar o eliminar en un periodo determinado (por ejemplo, cada semestre o año).
Constituye un instrumento de planeación y de transparencia: al publicarla, el gobierno municipal notifica con anticipación su actividad normativa futura. Las agendas regulatorias están reconocidas internacionalmente como una buena práctica regulatoria, ya que fomentan la participación pública y evitan “sorpresas normativas”.
En México, su elaboración no es discrecional, sino obligatoria conforme a la LGMR. Un municipio moderno debe contar con una agenda regulatoria actualizada donde enliste los proyectos normativos que planea emitir o reformar, sirviendo como brújula regulatoria y mecanismo de rendición de cuentas.
Análisis o Manifestación de Impacto Regulatorio (AIR/MIR)
Toda nueva regulación propuesta debe ser evaluada mediante un análisis que asegure que sus beneficios sean mayores que sus costos. El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) –también conocido como Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)– es la herramienta que permite tomar decisiones basadas en evidencia.
Consiste en un estudio técnico que justifica la necesidad de la regulación, evalúa alternativas, cuantifica costos y beneficios y mide los impactos esperados. La LGMR extiende esta obligación a los municipios, por lo que antes de emitir un nuevo reglamento, el ayuntamiento debe realizar un AIR que garantice que dicha norma será útil y proporcional.
Un municipio moderno debe institucionalizar el uso de estos análisis, ya sea directamente o con apoyo estatal, para asegurar que cada nueva regulación realmente solucione un problema sin generar cargas innecesarias.
Registro de Trámites y Servicios / Plataforma Nacional
El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, alojado en la Plataforma Nacional de Mejora Regulatoria, es una herramienta obligatoria para todos los municipios. Esta plataforma permite registrar, consultar y transparentarlos trámites y servicios que presta el ayuntamiento.
Su uso permite identificar trámites duplicados, obsoletos o excesivamente complejos, facilitando su simplificación. La LGMR exige que los municipios registren todos sus trámites y servicios y los mantengan actualizados. Además, lo registrado en la plataforma es jurídicamente vinculante, lo que brinda certeza tanto a funcionarios como a ciudadanos.
Cualquier diagnóstico de mejora regulatoria debe comenzar con la revisión de este catálogo. Un municipio que no tiene registrados todos sus trámites, o que los tiene desactualizados, incumple la ley y afecta la transparencia administrativa.
Consejos y autoridades locales de mejora regulatoria
La implementación efectiva de la mejora regulatoria en el municipio requiere de estructuras institucionales específicas. La LGMR prevé que los gobiernos locales cuenten con un enlace o unidad de mejora regulatoria, y recomienda también la creación de un Consejo Municipal que incluya a distintas áreas del gobierno y actores ciudadanos.
Esta autoridad o figura local es responsable de elaborar la agenda regulatoria, aplicar los AIR, alimentar la Plataforma Nacional, y coordinarse con la CONAMER y las instancias estatales. Su existencia garantiza continuidad administrativa, visibilidad política al tema, y una ejecución más efectiva de las reformas necesarias.
Prácticas para un diagnóstico efectivo de mejora regulatoria
Inventario y revisión del marco regulatorio vigente
El punto de partida de un diagnóstico es levantar un inventario completo de las regulaciones municipales (bandos, reglamentos, acuerdos) y de los trámites y servicios del ayuntamiento. Este inventario debe compararse con lo inscrito en la Plataforma Nacional de Mejora Regulatoria, para verificar que todos los trámites estén debidamente registrados.
Con este listado, se analiza la vigencia, claridad y pertinencia de cada norma y trámite. Se debe identificar: ¿Hay reglamentos obsoletos? ¿Trámites duplicados o innecesarios? ¿Cuáles procesos son lentos o ineficientes? Este primer paso ofrece una radiografía útil para planear las acciones de mejora.
Evaluación de cargas administrativas y calidad de trámites
Una vez mapeados los trámites, el siguiente paso es medir su complejidad y costo para los usuarios. Se recomienda aplicar la metodología SIMPLIFICA de CONAMER, que ayuda a cuantificar los costos económicos de cada trámite y su carga administrativa.
Esta evaluación permite priorizar mejoras. Por ejemplo: si se detecta que una licencia de funcionamiento tarda 30 días y exige 15 requisitos, el municipio puede proponer su simplificación, fusión o digitalización. El objetivo es reducir pasos sin afectar el cumplimiento legal.
Análisis de impacto regulatorio en reglamentos municipales
Además de revisar trámites, es clave evaluar los reglamentos municipales más relevantes mediante un análisis tipo AIR ex post. Esta revisión permite preguntar: ¿la norma está cumpliendo su propósito? ¿Tiene efectos secundarios indeseados? ¿Está alineada con la legislación estatal o federal?
Esta práctica puede conducir a propuestas de reforma, derogación o armonización de reglamentos, garantizando que el marco normativo local sea actualizado, útil y no represente una carga innecesaria.
Participación ciudadana y transparencia
Un diagnóstico efectivo debe incorporar las voces de ciudadanos y sectores productivos. Consultas públicas, mesas de diálogo con cámaras empresariales, colegios profesionales o usuarios frecuentes son herramientas clave para detectar obstáculos reales y enriquecer las soluciones.
Además, mantener informada a la ciudadanía sobre los hallazgos del diagnóstico, mediante el portal municipal o boletines, fortalece la confianza y legitima el proceso de reforma.
Diseño del Programa Municipal de Mejora Regulatoria
El diagnóstico debe culminar con un programa estructurado, que incluya objetivos, acciones, cronograma e indicadores. El Programa Municipal debe alinearse con la Estrategia Nacional y los lineamientos estatales, y debe contemplar la simplificación de trámites, actualización normativa y mejora en la atención ciudadana.
Este documento se convierte en la hoja de ruta del gobierno local para institucionalizar y evaluar sus avances en la materia.
Capacitación y fortalecimiento institucional
La mejora regulatoria requiere capacitación constante del personal municipal. Conocer la LGMR, manejar la Plataforma Nacional, aplicar metodologías como SIMPLIFICA o realizar AIR requiere personal técnico calificado.
Además, es importante que la autoridad de mejora regulatoria cuente con respaldo político, atribuciones claras y recursos mínimos para operar. Sin institucionalidad, no hay permanencia ni efectividad en las reformas.
Conclusión
La modernización municipal pasa inexorablemente por la ruta de la mejora regulatoria. Un municipio moderno es aquel que somete su quehacer normativo y administrativo a una evaluación constante, con miras a perfeccionar sus regulaciones y simplificar sus trámites en beneficio de la sociedad.
El diagnóstico de mejora regulatoria no es un ejercicio teórico, sino una herramienta práctica que permite a los gobiernos locales ver hacia adentro, detectar ineficiencias y trazar una hoja de ruta de cambios. Sustentado en el sólido marco jurídico que brinda la Constitución y la Ley General de Mejora Regulatoria, el diagnóstico se convierte en el cimiento de un gobierno municipal más ágil, transparente y orientado al ciudadano.
Un ayuntamiento que logra simplificar trámites reduce costos tanto al ciudadano como al propio gobierno, fomenta la inversión y promueve un clima de confianza. Al depurar su marco normativo, otorga certeza jurídica y elimina disposiciones obsoletas. Al abrir sus procesos a la consulta pública, fortalece la participación ciudadana. Y al utilizar plataformas digitales y metodologías técnicas, avanza hacia un gobierno del siglo XXI.
En conclusión, el diagnóstico es tanto un punto de partida como un proceso continuo. Un municipio verdaderamente moderno no ve la mejora regulatoria como un cumplimiento formal, sino como una filosofía de gestión orientada al bienestar común, la legalidad y la eficiencia.
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